LAVADO. NUEVO REVES

Hugo Alconada Mon
LA NACION

La Argentina sufrió ayer un durísimo revés en su intento contra reloj de mejorar las paupérrimas calificaciones internacionales que recibe por su sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta vez fue América latina, como bloque, la que rechazó sus pedidos -con el protagonismo decisivo de los delegados de México, Brasil y Chile- y dispuso someterlo a un seguimiento especial.

La decisión del principal foro intergubernamental de la región (Gafisud) se tomó, por consenso de los restantes 11 países que lo integran, en un plenario celebrado en esta ciudad que fue calificado como "patético" y "vergonzoso" por seis fuentes de distintos organismos internacionales y gobiernos consultadas por La Nacion.

El centro de las críticas fue el jefe de la unidad antilavado local (UIF), José Sbattella, que pidió más tiempo para las reformas pendientes, la revisión de algunos ejes de la evaluación y la inclusión extemporánea de algunas medidas que impulsó los últimos meses.

Sin embargo, sus pedidos carecían de precedente tanto en la región como en el resto de los foros antilavado que se rigen por las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La negativa ya le había sido comunicada anteayer por los jefes de delegación de los otros países.

Aun así, Sbattella decidió avanzar ayer y chocó con el rechazo en bloque de la región, que lo urgió a aplicar las reglas vigentes. Sólo recibió un tibio guiño de Colombia para "analizar" su posición, pero de inmediato se topó con el rechazo

reconstruyó La Nacion de esas seis fuentes oficiales consultadas. El Gobierno quedó así aislado y desautorizado en su prédica cuando resta un mes para que deba presentar su "programa" de reformas ante el GAFI que celebrará un plenario decisivo para el país entre el 21 y 25 de febrero.

Reunidos en París, todos los países que integran el GAFI evaluarán si abren un proceso contra la Argentina que, además de un impacto inmediato en su operatoria comercial internacional, podría terminar en su inclusión desde octubre próximo en la "lista gris" de países que no manifiestan interés por combatir el lavado de activos.

Durante más de una hora de exposición improvisada, Sbattella solicitó 6 meses más de prórroga antes de aprobar la durísima evaluación sobre el país, en la que se exponen "deficiencias" en 43 de los 46 ejes bajo revisión. Les planteó que, de aprobarlo de ese modo, se expondría que la UIF carece de legitimidad para ordenar inspecciones y aplicar multas multimillonarias como lo hizo en los últimos meses bajo protesta de bancos y joyerías.

"Si fuera así, el presidente de la UIF debería estar preso", comentó, aludiendo a sí mismo en tercera persona, para luego criticar a lo que llamó la "GAFI central", en alusión al foro internacional que se reúne en París y que la Argentina integra junto a Brasil y México como únicos países de la región, en contraposición con el foro "periférico", por el Gafisud.

Su prédica no cosechó frutos entre sus ocho colegas sudamericanos, ni los de Costa Rica, Panamá y México, mientras tomaban nota los "observadores" de Estados Unidos Alemania, España, Francia, Portugal y organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.

El desaire al pedido argentino incluyó algunos picos de tensión, como cuando el presidente del Gafisud, el peruano Felipe Tam Fox, debió preguntarle tres veces a Sbattella cuáles eran sus pedidos y que los aclarara porque su exposición resultaba confusa y contradictoria.

El discurso de Sbattella ya había registrado un comienzo accidentado. Beneficiada por la ausencia de seguridad, una mujer se había colado en el salón de la Cancillería donde se celebró el encuentro y de viva voz denunció el secuestro de su hija argentina en Paraguay y el supuesto desinterés de las autoridades de ese país, incidente que se prolongó varios minutos hasta que guardias lograron retirarla.

En su rol de coordinador nacional del sistema antilavado argentino ante los organismos internacionales, Sbattella explicitó luego sus críticas contra otras áreas del Estado, entre ellas, el Banco Central (BCRA). Lo notable es que se trató de la institución oficial que más elogios cosechó del presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, de visita en Buenos Aires durante los últimos días y presente en el plenario de ayer.

La intervención de Sbattella registró otro momento incómodo cuando ante el consenso contrario a su pedido, reclamó entonces que por lo menos consignaran en la evaluación final que para el gobierno argentino, la UIF sí tiene legitimidad para inspeccionar y multar sujetos obligados.

Quien tomó la palabra entonces fue el secretario ejecutivo del Gafisud, el uruguayo Alejandro Montesdeoca, quien le informó que en el borrador impreso y a su disposición ya estaba consignada la posición argentina, lo que generó murmullos en el salón. Minutos después, con la posición argentina desairada, ordenó un cuarto intermedio. El agitado cónclave para la Argentina concluirá hoy.

• Tras una misión que evaluó al sistema antilavado local entre 2004 y 2009, el plenario del GAFI aprobó un durísimo reporte sobre la Argentina que marcó falencias en 46 de los 49 puntos.

• Pese a los pedidos del jefe antilavado argentino, José Sbattella (foto), el grupo regional (Gafisud) sometió ayer al país a un "seguimiento especial".

• Junto a la Argentina y Brasil, uno de los tres países de América latina que integran el GAFI, México elogió a las autoridades del Gafisud por su firmeza al rechazar los pedidos de clemencia del gobierno argentino.

• Al contrario del pedido de Sbattella durante una reunión en el ámbito del Mercosur, la delegación brasileña fue la primera que explicitó su negativa y planteó que las reglas eran claras.

• Sometido también a una evaluación, Chile rechazó el pedido de la Argentina, a la que también reemplazó en febrero cuando el entonces coordinador antilavado argentino, Alejandro Strega, debió renunciar a un cargo.